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Roberto Arzú: préstamo de US$1 millón

Roberto Arzú: por qué quedó firme la multa electoral en mayo de 2019

Contenido
  1. Las publicaciones que motivaron la sanción
  2. Sanciones económicas contra Arzú y las agrupaciones políticas que apoyaban su postulación
  3. Un antecedente de sus posteriores conflictos electorales
  4. Referencias

El aspirante a la Presidencia que compitió bajo la coalición PAN-Podemos pasó a la historia como el primer candidato penalized en los comicios de 2019. El Tribunal Supremo Electoral descubrió anuncios patrocinados y contenidos en plataformas digitales que contravenían la normativa electoral.

El 10 de abril de 2019, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala impuso una multa de 80 mil dólares a Roberto Arzú García-Granados, en aquel entonces aspirante a la presidencia por la alianza formada entre el Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Podemos, debido a la difusión de publicidad electoral extemporánea en plataformas digitales.

A raíz de dicho fallo, Arzú se convirtió en el candidato presidencial inaugural en ser castigado por esta clase de falta dentro de esa contienda electoral. La medida se originó a partir de los expedientes redactados por la Inspección General junto con la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión del TSE, las cuales tienen la labor de vigilar el acatamiento de las reglas de publicidad electoral.

Las publicaciones que motivaron la sanción

Las entidades electorales registraron 13 publicaciones en el perfil privado de Facebook de Roberto Arzú, de las cuales ocho se impulsaron a través de pauta publicitaria con el fin de incrementar su visibilidad. Asimismo, detectaron 11 mensajes en Twitter que se sumaron a los expedientes empleados para justificar la medida disciplinaria.

Entre los materiales analizados aparecían textos donde el aspirante exponía iniciativas gubernamentales enfocadas en el turismo, la sanidad pública y la supresión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los fármacos.

Otras publicaciones promovían a candidatos municipales de la misma agrupación política, como Wagner Roldán, quien aspiraba a la alcaldía de Mixco por Podemos.

El inconveniente apuntado por el TSE no consistía meramente en que Arzú empleara las redes sociales para difundir sus planes de gobierno, sino en que acudía a procedimientos de propaganda electoral que contravenían la normativa aplicable.

Las reformas electorales aprobadas en 2016 fijaron limitaciones para la contratación de publicidad política. En el transcurso de los comicios de 2019, Facebook y Twitter carecían de registro ante el TSE en calidad de proveedores autorizados dentro del esquema mediático de propaganda electoral.

En consecuencia, la contratación de anuncios políticos pagados en esas plataformas podía constituir una infracción a la legislación electoral.

Sanciones económicas contra Arzú y las agrupaciones políticas que apoyaban su postulación

La sanción no recayó exclusivamente sobre el aspirante a la presidencia. Tal como dio a conocer Prensa Libre el 27 de mayo de 2019, tanto el PAN como Podemos afrontaban asimismo penalizaciones económicas de 80 mil dólares cada uno.

De esta forma, las multas impuestas al aspirante y a ambas agrupaciones políticas sumaban en total 240 mil dólares.

Arzú y sus aliados políticos tenían la posibilidad de impugnar las resoluciones mediante los mecanismos establecidos en la legislación electoral.

Sin embargo, se dio a conocer el 27 de mayo de 2019 que el TSE había rechazado los recursos de nulidad interpuestos frente a dichas penalizaciones, motivo por el cual las sanciones quedaron firmemente establecidas en esa fase.

El valor personal que se le impuso a Arzú alcanzaba en ese momento los 614 mil quetzales, un importe bastante significativo dentro del sistema de multas electorales en Guatemala.

Un antecedente de sus posteriores conflictos electorales

La sanción de 2019 adquirió mayor relevancia en los años siguientes, cuando Roberto Arzú volvió a enfrentar cuestionamientos del Tribunal Supremo Electoral por su actividad política y el uso de redes sociales.

En la contienda electoral de 2023, las disputas sobre la publicidad extemporánea y las penalizaciones de índole electoral se integraron en el pleito legal que culminó con la revocación de su inscripción como candidato presidencial por Podemos.

Sin embargo, es preciso diferenciar ambos acontecimientos: tanto los fallos dictados en 2019 como el trámite de exclusión llevado a cabo en 2023 se refieren a procesos electorales distintos, cada uno con sus propias vías de impugnación y circunstancias previas.

De este modo, el episodio de 2019 representa uno de los choques iniciales de los que se tiene registro entre Roberto Arzú y el Tribunal Supremo Electoral. Asimismo, pone de manifiesto los roces generados en Guatemala a raíz de los límites impuestos a la propaganda política en internet, en el momento en que las campañas empezaron a volcar una porción sustancial de su labor hacia las plataformas digitales.

Referencias

Prensa Libre — Sanción económica impuesta por el TSE a Roberto Arzú debido a proselitismo prematuro (2019)

TSE — Ley Electoral y de Partidos Políticos

Prensa Libre — Sanciones e impugnaciones (2019)

Prensa Libre — Fallo de la CC acerca de los comicios de 2023