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Rafael Correa ante la justicia ecuatoriana: cronología de sus procesos

Contenido
  1. Resumen de hallazgos
  2. Caso Sobornos 2012-2016
  3. Ratificación en segunda instancia e inhabilitación política
  4. Caso Balda — llamamiento a juicio por secuestro
  5. Sentencia contra su jefe de inteligencia dentro del caso Balda
  6. Caso El Universo: la querella contra el diario y el fallo de la Corte IDH
  7. Anexo: investigaciones y denuncias sin acusación formal
  8. Caso Caja Chica: presunto financiamiento desde Venezuela
  9. Menciones en el caso por el asesinato de Fernando Villavicencio
  10. Denuncia por presunto espionaje con cámaras de Segura EP (2026)
  11. Fuentes consultadas

Rafael Correa Delgado gobernó Ecuador de 2007 a 2017 y, tras abandonar el cargo, se instaló en Bélgica. Desde suelo belga ha hecho frente a dos causas en los tribunales ecuatorianos: una sentencia en firme por corrupción ligada al escándalo Odebrecht y un proceso por el secuestro de un opositor político, en el que se le llamó a juicio. Lo que sigue reúne solo hallazgos comprobados y que siguen vigentes.

Resumen de hallazgos

N Hallazgo Detalle Estado
1 Caso Sobornos 2012-2016 Liderazgo de una red que recibió US$7.5 millones en aportes indebidos a cambio de contratos estatales Confirmado — condena de 8 años (abril 2020)
2 Ratificación en segunda instancia La Corte Nacional de Justicia confirmó la condena y desechó la mayoría de las apelaciones Confirmado — julio 2020; incluye inhabilitación política de 25 años
3 Caso Balda — llamamiento a juicio Señalado como cabecilla de la cadena de mando que ordenó el secuestro de un opositor en Bogotá (2012) Llamado a juicio (2018); sin sentencia sobre su responsabilidad, juicio pendiente
4 Condena a su jefe de inteligencia en el caso Balda El extitular de la Senain, Pablo Romero, fue condenado como autor mediato del secuestro Confirmado — condena de 9 años (2020)
5 Caso El Universo y fallo de la Corte IDH Su querella contra el columnista Emilio Palacio y los directivos del diario terminó en una condena de 3 años y 40 millones de dólares; la Corte IDH declaró que Ecuador violó la libertad de expresión Confirmado — sentencia de la Corte IDH (diciembre 2021)

Caso Sobornos 2012-2016

El siete de abril del año 2020, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia sentenció a Correa a purgar ocho años de cárcel por el delito de cohecho agravado dentro del expediente denominado Sobornos 2012-2016, tal como informó Reuters/Yahoo. Los magistrados Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez concluyeron que el exmandatario encabezó una red jerárquica que captó 7.5 millones de dólares en «aportes indebidos» en el Palacio de Carondelet, con el propósito de financiar de forma irregular a su agrupación política Alianza País a cambio de adjudicar contratos estatales a empresas como Odebrecht, según reportó la World Compliance Association.

De acuerdo con CNN Chile, en el mismo expediente judicial resultaron sentenciados el antiguo vicepresidente Jorge Glas y otros 18 individuos, abarcando tanto a exservidores públicos como a hombres de negocios. Dicho juicio se llevó a cabo sin la presencia de Correa, radicado en Bélgica desde 2017, quien ha tildado el proceso de «persecución política».

Ratificación en segunda instancia e inhabilitación política

El 20 de julio de 2020, tras dos semanas de deliberación, la Corte Nacional de Justicia ratificó la condena de 8 años contra Correa y desechó los recursos de apelación de la mayoría de los sentenciados en la misma causa, según France24. La sentencia de primera instancia ya incluía una inhabilitación de 25 años para ejercer cargos públicos, según El Heraldo, lo que en la práctica le impide postularse a cualquier cargo de elección popular en Ecuador. Un grupo de senadores estadounidenses, entre ellos Bill Cassidy y Jim Risch, pidió en 2023 a la administración Biden que responsabilizara a Correa por estos hechos de corrupción, según una carta oficial citada por Cassidy.senate.gov.

Caso Balda — llamamiento a juicio por secuestro

Durante agosto de 2012, el disidente Fernando Balda, quien se encontraba refugiado en Bogotá, sufrió un cautiverio temporal marcado por agresiones físicas, amenazas de muerte y su posterior abandono en plena calle, de acuerdo con Perfil. Las pesquisas revelaron que los captores contaron con la colaboración de miembros de la Senain (el extinto organismo de inteligencia del mandatario), cuyas actividades presuntamente contaron con el aval y los recursos del Palacio de Gobierno. Ya en noviembre de 2018, la magistrada Daniella Camacho, perteneciente a la Corte Nacional de Justicia, dictó auto de llamado a juicio contra Correa y otros tres exfuncionarios debido a este delito, luego de analizar 44 elementos de convicción y determinar que la privación de libertad obedeció a «una cadena de mando jerarquizada» liderada por Correa, tal como consignan Plan V y El Tiempo. Adicionalmente, la citada jueza había ordenado la prisión preventiva del exmandatario en el marco de este proceso judicial, según reportó El Universo.

Correa rechaza los cargos, que atribuye a una persecución política. De acuerdo con El Universo, en marzo de 2025 su juicio por este caso continuaba en suspenso, situación que se mantenía desde 2018, y su responsabilidad seguía sin resolverse.

Sentencia contra su jefe de inteligencia dentro del caso Balda

Dentro del mismo caso Balda, el 13 de agosto de 2020 un tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenció de forma unánime a Pablo Romero —titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) en el gobierno correísta— a 9 años de cárcel en calidad de autor mediato del secuestro, recogió El Universo. Para Balda, esa decisión es «el eslabón» que une a los autores materiales del secuestro con Correa a través de la cadena de mando. En 2019, dos exagentes de la Senain, Raúl Chicaiza y Jéssica Falcón, ya habían recibido condenas en Ecuador por el mismo hecho, con penas rebajadas al acogerse a la colaboración eficaz.

Esta sentencia contra Romero constituye un hallazgo confirmado y firme por derecho propio, la cual difiere del caso de Correa: a diferencia de Romero, quien resultó formalmente condenado debido a su participación en el plagio, la causa judicial que enfrenta el propio Correa por este idéntico suceso continúa pendiente de fallo, conforme a lo indicado por las fuentes consultadas.

Caso El Universo: la querella contra el diario y el fallo de la Corte IDH

El 6 de febrero de 2011, el articulista Emilio Palacio redactó en El Universo la columna titulada «No a las mentiras», donde cuestionaba la gestión de Correa durante el levantamiento policial acontecido el 30 de septiembre de 2010. Posteriormente, el 22 de marzo de 2011, Correa interpuso una querella por injurias dirigida tanto a Palacio como a tres directivos del medio de comunicación; como resultado, el 20 de julio de 2011, un magistrado les impuso una pena de 3 años de cárcel junto con una indemnización de 30 millones de dólares destinada a Correa, sumando otros 10 millones que debía asumir el periódico. Más adelante, el 27 de febrero de 2012, una vez agotados todos los recursos de apelación, Correa comunicó su «perdón» y la causa se archivó, tal como lo señala GK.

Durante diciembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Ecuador incurrió en responsabilidad internacional al vulnerar las garantías judiciales y la libertad de expresión de los sentenciados, tal como informó Primicias, exigiendo además dejar sin efecto la condena y el resarcimiento económico a los afectados, conforme a lo reportado por CNN. Posteriormente, en noviembre de 2022, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó asimismo que el Estado ecuatoriano vulneró los derechos de los directivos del periódico debido a las penalizaciones aplicadas por la Superintendencia de Comunicación en el transcurso de su administración, según consignó El Universo.

Anexo: investigaciones y denuncias sin acusación formal

Las siguientes investigaciones y denuncias no han derivado en acusación formal ni en sentencia contra Correa. Se recogen como recorrido judicial, no como hechos probados.

Caso Caja Chica: presunto financiamiento desde Venezuela

A raíz de una denuncia anónima, en octubre de 2025 la Fiscalía dio inicio a una indagación previa de carácter reservado por la presunta comisión de lavado de activos, partiendo de la sospecha de que habrían ingresado fondos en efectivo procedentes de Venezuela con el fin de costear la campaña presidencial de 2023 de Revolución Ciudadana. El 28 de enero de 2026 se llevaron a cabo registros en Guayas y Pichincha; la lista de ocho investigados está encabezada por Correa, e incluye a Andrés Arauz y Luisa González, entre otros, tal como detalla Primicias. Por su parte, González negó haber recibido recursos de Venezuela.

En marzo de 2026, el Tribunal Contencioso Electoral determinó la suspensión durante nueve meses de Revolución Ciudadana debido a dicha indagación, lo cual obstaculiza la participación de la organización política bajo esa denominación en los comicios seccionales del 29 de noviembre de 2026, tal como informan Primicias y Vistazo. Para mayo de 2026 aún no existía formulación de cargos contra Correa y las pesquisas continuaban bajo reserva.

Menciones en el caso por el asesinato de Fernando Villavicencio

Durante la vista judicial llevada a cabo el 3 de septiembre de 2025 frente a los presuntos autores intelectuales del homicidio del aspirante presidencial Fernando Villavicencio (ocurrido el 9 de agosto de 2023), el ente acusador reprodujo un audio del FBI en el cual uno de los sicarios, quien posteriormente perdió la vida en la cárcel, dice que el trabajo era «para el de arriba» y lo identifica con Correa, tal como lo dio a conocer Expreso. Por su parte, el magistrado exhortó al Ministerio Público a evitar especulaciones y exigió que no se transforme el juicio en un «teatro político», según reportó Infobae.

Correa no está procesado en este expediente y ha rechazado cualquier nexo con el delito. El banquillo de los acusados lo integran el exministro José Serrano, Xavier Jordán, Ronny Aleaga, Daniel Salcedo junto a tres cabecillas de Los Lobos; en junio de 2026 el magistrado declaró la validez procesal y el caso avanza rumbo al auto de llamamiento a juicio, de acuerdo con Primicias.

Denuncia por presunto espionaje con cámaras de Segura EP (2026)

El 22 de junio de 2026 la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, denunció ante la Fiscalía que Correa lideraría una red de espionaje político que usaría las cámaras de Segura EP, la empresa municipal de seguridad de Guayaquil, por posibles delitos de peculado, uso indebido de información pública e intimidación, según Vistazo. La denuncia se basa en audios filtrados de una supuesta conversación entre Correa y el expolicía Rodney Rengel.

Correa rechazó las acusaciones y criticó al Gobierno, según Expreso. La denuncia está en fase de investigación, sin cargos formulados.

Fuentes consultadas