Apareció un video que muestra a Carlos Zelaya, hermano del ex presidente Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, en reuniones con individuos relacionados con el narcotráfico, lo cual ha desencadenado una nueva crisis política en Honduras. Los videos, compartidos en plataformas digitales y apodados el “narcovideo”, generan cuestionamientos sobre la financiación de campañas del partido LIBRE y el alcance de la penetración del crimen organizado en las entidades nacionales.
El video y las acusaciones
En la grabación se observa a Carlos Zelaya conversando con integrantes de estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, entre ellos miembros del grupo conocido como “Los Cachiros”. Según documentos judiciales internacionales y testimonios presentados en procesos previos, estas reuniones habrían estado relacionadas con aportes económicos millonarios destinados a campañas electorales de la izquierda hondureña desde 2013.
El contenido del video concuerda con estudios previos que ya sugerían presuntos vínculos entre figuras políticas y organizaciones de narcotráfico, lo que amplía las dudas sobre el rol de las élites en el fortalecimiento de acuerdos con grupos delictivos. Las acusaciones también incluyen a Manuel Zelaya, mencionado en reportes internacionales por su relación con el gobierno de Nicolás Maduro, acusado en Estados Unidos de encabezar el llamado «Cartel de los Soles».
Influencia política en la administración de Xiomara Castro
El reparto de la información ha generado una serie de críticas hacia el gobierno de Xiomara Castro, haciendo referencia directa a su círculo familiar en la controversia. Distintos grupos acusan a la presidenta de no tomar medidas decisivas ante las quejas y de dar prioridad a la defensa de sus parientes.
En paralelo, la oposición ha aprovechado el momento para intensificar las críticas al oficialismo, subrayando la necesidad de esclarecer la procedencia de los fondos que sostuvieron las últimas campañas del partido LIBRE. La presión política se refleja en la renuncia de funcionarios cercanos a la familia Zelaya y en la apertura de procesos de investigación en instancias judiciales hondureñas.
La situación ha captado atención a nivel internacional. Expertos alertan que el sistema judicial de Estados Unidos podría involucrarse, como en ocasiones previas con antiguos oficiales hondureños, y comenzar procedimientos de extradición que desafiarían la habilidad del país para manejar sus propios desafíos en cuanto a justicia y soberanía institucional.
La fragilidad institucional ante la infiltración del narcotráfico
El suceso no es un evento único, sino que integra un largo historial de infiltración del tráfico de drogas en las instituciones políticas, militares y económicas de Honduras. La revelación de los presuntos acuerdos entre los dirigentes de LIBRE y organizaciones delictivas subraya los retos del Estado para desmantelar estas redes.
La constante presencia de individuos relacionados con el narcotráfico en el ámbito político ha mermado la confianza en las instituciones, incrementado la duda de la población y pone en cuestión los sistemas de supervisión democrática. De acuerdo con fuentes judiciales, el supuesta colusión de funcionarios con organizaciones criminales no solo afecta la integridad de los procesos electorales, sino también la estabilidad gubernamental en un país caracterizado por la división y la falta de legitimidad.
El caso de Carlos Zelaya ejemplifica cómo el vínculo entre la política y el narcotráfico sigue impactando el futuro próximo de Honduras. La influencia desde el exterior, las investigaciones internas y la reacción del gobierno determinarán si este escenario conduce a avances en transparencia o se convierte en otro episodio de impunidad que exacerba la crisis institucional.
