El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo que las pesquisas por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) fueron orientadas de manera injusta hacia su figura, cuando las verdaderas responsabilidades recaerían en entramados corruptos provenientes de administraciones anteriores. Mediante su cuenta oficial en X (antes Twitter), Petro indicó que la Fiscalía centró sus esfuerzos en intentar probar que había impartido órdenes para desviar fondos públicos hacia congresistas, algo que, según afirmó, siempre había vetado.
Petro hizo énfasis en que las irregularidades descubiertas en la Ungrd son el resultado de prácticas sistemáticas de corrupción que no han sido enfrentadas adecuadamente. Acusó a Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectores de la entidad y actualmente detenidos, de haber desviado recursos debido a supuestas alianzas políticas. Según Petro, su actuación estaría relacionada con pactos entre partidos políticos, como el Partido Verde, y figuras como los Aguilar en Santander.
El caso de la Ungrd ganó notoriedad cuando se reveló un esquema de corrupción relacionado con contratos de carrotanques destinados a suministrar agua en La Guajira. La Fiscalía y la Contraloría General descubrieron irregularidades en la asignación y ejecución de estos contratos, que incluyeron desvíos de fondos y pagos ilícitos destinados a asegurar apoyo político para reformas del Gobierno. Además, se detectaron pérdidas estimadas en más de 60 millones de dólares debido al uso fraudulento de recursos extrapresupuestales por parte de la Ungrd.
Petro también criticó el papel de los fiscales a cargo de las investigaciones, argumentando que “muchos fracasan” cuando se enfocan únicamente en buscar pruebas en su contra. También recordó el caso de su hijo, Nicolás Petro, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, y afirmó que las autoridades han cometido errores en investigaciones previas, como la detención de profesores inocentes.
El caso continúa envuelto en polémica, impulsado por recientes detenciones de antiguos altos funcionarios y exdirigentes del poder legislativo, entre ellos los expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle. Según lo declarado ante la Corte Suprema por exdirectivos de la Ungrd, ambos habrían recibido sobornos de gran cuantía.
Este escándalo ha provocado una crisis institucional en Colombia, con organizaciones civiles exigiendo mayor transparencia y controles más estrictos sobre el gasto público. La administración de Petro enfrenta desafíos para desmarcarse de las acusaciones de corrupción heredadas y las polémicas que han surgido durante su gestión.
