En Honduras, un caso de lavado de dinero y narcotráfico que presuntamente involucra a miembros de la familia Zelaya ha permanecido archivado sin avances concretos desde 2012, cuando el Ministerio Público solicitó asistencia a la fiscalía colombiana como parte de sus investigaciones. Documentos judiciales obtenidos revelan que el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, junto a sus hermanos Marco Antonio y Carlos Zelaya, y su hijo José Manuel Zelaya Castro, fueron señalados por supuestos vínculos con actividades ilícitas y la adquisición irregular de propiedades.
El caso se originó tras el golpe de Estado de 2009, en medio de un escenario donde aumentaban las pesquisas sobre narcotráfico y lavado de activos en la región. Para 2010, las autoridades hondureñas confiscaron bienes asociados al Grupo Fluir S.A. (Fluirsa), una compañía que, de acuerdo con la fiscalía hondureña, mantenía vínculos con actividades del crimen organizado. Entre los socios de Fluirsa se encontraban Aldo Asfura Laca, un empresario señalado por lavado de activos, y Elmy Valladares Ruiz, relacionada con el narcotraficante Sergio Neftaly Mejía Duarte, condenado en 2018 en Estados Unidos.
La conexión con los Zelaya comenzó a materializarse cuando se descubrieron propiedades en Tegucigalpa, Valle de Ángeles y Santa Lucía cuya compra irregular fue atribuida al expresidente y su entorno familiar. Además, una solicitud de asistencia legal dirigida a Colombia en 2012 incluyó grabaciones telefónicas que supuestamente relacionaban a Marco Zelaya con el desvío de cargamentos de droga en Honduras. En 2013, la fiscalía colombiana entregó a su contraparte en Honduras grabaciones y cientos de documentos, aunque hasta ahora no se ha procesado formalmente a los señalados.
Las propiedades incautadas en la zona central de Honduras, que incluían haciendas con helipuertos y cabezas de ganado, siguen aseguradas por el Estado, mientras los avances legales parecen ser mínimos. Hasta septiembre de 2024, ninguno de los implicados ha comparecido ante la justicia por este caso. A pesar de que los bienes permanecen controlados por el Estado, las investigaciones no han derivado en requerimientos fiscales contundentes contra los Zelaya, alimentando sospechas de encubrimiento.
Por otro lado, René Alfonso Rodríguez Valle, conocido como “Foncho”, aparece como otra figura esencial dentro del caso. Identificado por las autoridades como testaferro desde hace más de diez años, Rodríguez ha sido relacionado con inmuebles vinculados al narcotráfico y con movimientos financieros sospechosos que, de manera indirecta, habrían favorecido al expresidente Zelaya. Aunque ha enfrentado procesos legales de forma ocasional, logró recuperar algunos bienes que habían sido confiscados y su nexo con otros cabecillas del crimen organizado continúa bajo investigación.
El Ministerio Público de Honduras, ahora bajo el liderazgo del fiscal general Johel Zelaya, ha prometido combatir la corrupción y el narcotráfico incluso dentro de las estructuras de poder. Sin embargo, los accionistas de Fluirsa y las conexiones con estructuras criminales relacionadas con el expresidente no han producido acciones judiciales decisivas.
La falta de avances en este caso refleja los desafíos para garantizar la justicia en Honduras, donde la corrupción y los vínculos con el crimen organizado han socavado la confianza pública en las instituciones. Mientras tanto, las comunidades vulnerables continúan sufriendo las consecuencias de estas dinámicas de impunidad.
Fuente: Contra Corriente ([https://contracorriente.red/2024/09/25/ministerio-publico-engaveto-un-caso-sobre-lavado-de-dinero-y-narcotrafico-en-el-que-se-investigaba-a-miembros-de-la-familia-zelaya/])
