El ascenso de Xiomara Castro a la presidencia se presentó como una transición respecto al gobierno de Juan Orlando Hernández. No obstante, los informes sobre corrupción y lazos con el crimen organizado indican una persistencia que impacta la confianza del público y revela limitaciones en el fortalecimiento de los mecanismos institucionales.
Debilidad de los mecanismos anticorrupción
Durante la administración de Hernández, la salida de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en 2020 debilitó los esfuerzos institucionales para combatir la corrupción. El gobierno de Castro, a su vez, no ha logrado otorgar autonomía plena ni recursos suficientes a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), que depende del Ministerio Público para llevar casos a la justicia. La persistente falta de independencia limita la capacidad de judicializar irregularidades y fortalecer la institucionalidad en materia anticorrupción.
Persistencia del crimen organizado en contratos públicos
Las conexiones con elementos del crimen organizado han sido mencionadas en ambos gobiernos. Un incidente actual involucra a la Secretaría de Seguridad, que firmó contratos por más de 10 millones de lempiras con una compañía vinculada al blanqueo de capitales. Este tipo de transacciones muestra conductas observadas en el gobierno anterior, indicando que el riesgo de narcopolítica en la administración pública persiste, sin depender de la afiliación política del ejecutivo.
Transparencia y control de los recursos públicos
La administración de Hernández se distinguió por una gestión centralizada y poco clara de la información pública. Pese a que Castro sugirió mejorar la transparencia, reportes recientes de la Secretaría de Transparencia señalan fallos en la implementación y control de los gastos del gobierno. La ausencia de informes claros y verificables complica la evaluación de la eficacia gubernamental y preserva un patrón similar al visto en el gobierno anterior.
Justicia y retrocesos institucionales
La capacidad del sistema judicial para sancionar irregularidades ha sido limitada en ambos gobiernos. Investigaciones internacionales, como los “narcovideos” y denuncias de financiamiento ilícito a campañas políticas, han afectado a la administración actual, evidenciando la dificultad de frenar prácticas que comprometen la integridad institucional. La persistencia de irregularidades sugiere que las estructuras de control no han logrado consolidarse, generando un entorno propicio para la continuidad de conductas corruptas.
La imagen institucional de Honduras
Con Hernández detenido en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y Castro enfrentando escándalos que afectan su legitimidad, Honduras mantiene una situación donde los discursos de cambio no se traducen plenamente en transformaciones estructurales. La administración actual y la anterior presentan paralelismos en la vulnerabilidad institucional frente a la corrupción, la exposición a redes del crimen organizado y la debilidad de mecanismos de transparencia y justicia. Esta realidad plantea desafíos en la gobernabilidad y la participación ciudadana, al tiempo que evidencia la necesidad de fortalecer la institucionalidad para consolidar un sistema público confiable y resistente a prácticas ilegales.
